El caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años, ha generado atención en España luego de que se le practicara la eutanasia tras una solicitud presentada años atrás y un proceso legal prolongado.
La joven, quien quedó parapléjica tras un intento de suicidio, recibió una inyección letal en una residencia de ancianos en Barcelona, conforme a lo permitido por la legislación vigente en el país desde 2021.
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El procedimiento se llevó a cabo después de que tribunales españoles y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaran recursos promovidos por su padre, quien buscaba frenar la eutanasia con el apoyo de organizaciones civiles. El debate jurídico se centró en determinar si la joven contaba con la capacidad para tomar esta decisión.
De acuerdo con su testimonio en medios de comunicación, la solicitud de muerte asistida se originó tras años de sufrimiento físico y emocional. En 2022, la joven fue víctima de una agresión sexual, y posteriormente intentó suicidarse, lo que derivó en su condición de paraplejia. En 2024 inició formalmente el trámite ante las autoridades.
El caso también generó reacciones en el ámbito político. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, defendió el derecho a la eutanasia establecido en la legislación española, mientras que legisladores de oposición cuestionaron la aplicación de esta norma en este caso.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Española expresó su postura en contra, al considerar que la situación debía abordarse desde el acompañamiento y tratamiento, y no mediante la eutanasia.
En España, la eutanasia y el suicidio asistido son legales desde 2021, bajo condiciones específicas, entre ellas que el paciente sea mayor de edad, tenga plena capacidad de decisión y padezca un sufrimiento grave derivado de una enfermedad incurable o una condición crónica severa.
Con información de DW
MM
