viernes, mayo 24, 2024
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CIDH denuncia ejecuciones y excesos de autoridad durante manifestaciones en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte

Tras su visoreo al interior de Perú durante las jornadas de manifestaciones contra el gobierno impuesto de Dina Boluarte y en apoyo al presidente Pedro Castillo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la violenta represión a las protestas contra la nueva administración dejó decenas de muertos y centenas de heridos, incurrió en graves violaciones de los derechos humanos.

El organismo internacional presentó este miércoles sus conclusiones ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre las que señala que las muertes en Ayacucho pueden encuadrarse en «ejecuciones extrajudiciales» y que en Juliaca hubo «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Ambas ciudades fueron importantes focos de la represión, con un elevado número de víctimas.

La CIDH, que no señala a ningún funcionario en concreto ni del gobierno ni del Estado peruano, considera que los hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas y juzgados por tribunales independientes.

«En el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y podrían calificarse como una masacre», señala el informe, cuyas conclusiones fueron presentadas por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.

Por si no lo viste:

Las protestas ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 para pedir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido y destituido después de que emitiera un decreto que disolvía el Congreso y establecía un estado de excepción. Además, las movilizaciones pedían la renuncia de Boluarte –la sucesora interina– y la convocatoria de elecciones.

Las múltiples protestas se saldaron con casi 70 muertes, de las cuales 49 fueron de civiles que chocaron con fuerzas de seguridad pública.

Para la CIDH, el uso «desproporcionado, indiscriminado y letal» quedó confirmado por el alto número de muertos y heridos con lesiones «en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones».

También por el hallazgo «de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad».

La Comisión formuló varias recomendaciones al Estado peruano, entre ellas, adoptar medidas de reparación integral a las víctimas, que deberían incluir «acciones de compensación», «rehabilitación médica y psicológica» y «garantías de no repetición», entre otras.

Con información de RT.

dmra

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