La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conocida como Plan B, que plantea cambios en el gasto político y en los mecanismos de participación ciudadana.
La propuesta fue enviada a través de la Secretaría de Gobernación y llega una semana después de que una primera reforma electoral no fuera aprobada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría requerida.
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Entre los principales puntos, la iniciativa establece una reducción progresiva del presupuesto del Senado durante cuatro años, con el objetivo de alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales, sin afectar los derechos laborales del personal. Asimismo, propone limitar el gasto de los congresos estatales a un porcentaje específico de los presupuestos locales.
En el ámbito municipal, el proyecto contempla un tope en la integración de los ayuntamientos, al fijar un máximo de quince regidurías por municipio. Los recursos que se liberen por estas medidas deberán destinarse a obras públicas y servicios locales.
La iniciativa también incluye restricciones a las prestaciones de funcionarios electorales, al impedir la contratación de seguros privados con recursos públicos, salvo en los casos previstos por la ley o condiciones laborales vigentes.
En materia de participación ciudadana, se plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para permitir que el proceso pueda iniciarse desde el segundo año de gobierno, además de fijar su realización en el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gestión.
El proyecto establece que, en caso de ser aprobado, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos locales deberán adecuar sus disposiciones antes del 30 de mayo de 2026, fecha límite también prevista para la armonización legislativa en el país.
Con información de N+
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