La recién promulgada Ley General de Aguas, que entró en vigor este mes, establece que no se podrá cortar por completo el suministro de agua a los hogares aunque exista falta de pago, ya que el acceso al líquido se reconoce como un derecho humano fundamental y su costo no debe implicar una carga desproporcionada para las familias.
La norma indica que, en caso de que las personas no puedan cubrir el costo total del servicio, se deberá garantizar el abasto de una cantidad mínima suficiente para el consumo humano básico, lo que busca asegurar que ninguna familia se quede sin acceso al agua potable por cuestiones económicas. Esto se alinea con el marco constitucional y con patrones internacionales de derechos humanos que priorizan la disponibilidad y asequibilidad del recurso.
Sin embargo, la implementación de esta disposición representa un reto para los organismos operadores municipales, ya que en muchas regiones el cobro del servicio constituye una fuente importante de ingresos para cubrir costos de energía, mantenimiento de infraestructura y procesos de potabilización. Autoridades locales han advertido que la obligación de suministrar un mínimo de agua sin importar los adeudos podría reducir la recaudación y afectar la operación eficiente de los servicios, así como disminuir las participaciones federales que reciben.
Un ejemplo de la complejidad del cambio se observa en Reynosa, Tamaulipas, donde autoridades explicaron que, ante la falta de pago, el agua seguirá siendo gratuita, pero los usuarios deberán recogerla directamente en plantas potabilizadoras si se les suspende el servicio por ausencia de pago de recibos.
Pese a la prohibición del corte total, en algunos municipios como León, Guanajuato, siguen registrándose suspensiones de suministro por morosidad, lo que ha generado denuncias ante instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, que han recibido quejas por cortes injustificados o por cobros indebidos asociados al servicio.
Las organizaciones civiles y defensores del derecho al agua han celebrado la entrada en vigor de la nueva ley, al considerar que garantiza el acceso básico al líquido, aunque también reconocen que será necesario establecer mecanismos claros para su aplicación efectiva y para asegurar la sustentabilidad financiera de los servicios públicos en los municipios.
Con información de El Universal.
AR
