La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) enfrenta un nuevo frente de escrutinio. Además de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por una red de huachicol fiscal dentro de la institución, hay cuatro indagatorias internas activas por delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta. Estas investigaciones comenzaron en 2024 y siguen en curso.
Las pesquisas ya derivaron en sanciones contra dos marinos de alto rango —el director del Ejercicio Presupuestario y el subdirector de Sistemas Presupuestarios de la Digadmon—, cuyos nombres se mantienen reservados por la secrecía del proceso. De acuerdo con la Marina, en todos los casos también se presentaron denuncias ante la FGR, que ahora encabeza las investigaciones.
Estos casos se suman a la red de huachicol fiscal que derivó en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, junto a nueve personas más por delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos. Las pesquisas alcanzan al menos ocho puertos del país: Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán, donde presuntamente operaban redes de contrabando de combustible con protección interna.
Durante el desfile militar del 16 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente el involucramiento de altos mandos en la red de corrupción. “Hubiera sido imperdonable callarlo”, declaró. “Dimos el golpe de timón y pusimos ante la ley actos reprobables, se trate de quien se trate”.
La Digadmon, área donde están adscritos varios de los implicados, es responsable del manejo del presupuesto, los recursos materiales y la infraestructura de la Semar. Por su función estratégica, cualquier irregularidad en esa dirección impacta directamente en el uso de fondos públicos destinados a la defensa nacional.
A través de transparencia, la Semar reveló que en el último año realizó 27 evaluaciones internas para detectar riesgos de corrupción, aunque los resultados fueron reservados por cinco años, bajo el argumento de que su publicación podría comprometer la seguridad nacional. Los informes señalan la existencia de “riesgos de integridad” y “áreas de mejora”, lo que evidencia que la corrupción dentro de la institución no ha sido erradicada del todo.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la corrupción no puede tener cabida en las instituciones públicas y que los casos dentro de la Marina y otras dependencias deben sancionarse con firmeza. Su administración busca enviar un mensaje claro: el combate a la corrupción no será selectivo ni encubrirá a nadie.
Con información de El Universal
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