El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que el gobierno estadounidense ha transferido a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde enero de 2025, cuando Donald Trump inició su segundo mandato.
El anuncio fue realizado a través de su cuenta de X, luego de la captura y entrega de un ciudadano mexicano buscado por prostitución de un menor y agresión sexual. De acuerdo con Johnson, el hombre fue detenido por elementos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande y posteriormente entregado a autoridades mexicanas.
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El diplomático señaló que este caso forma parte de la cooperación en seguridad entre ambos países, impulsada por los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Además, afirmó que las acciones conjuntas buscan llevar ante la justicia a personas requeridas por delitos y fortalecer la seguridad de ambas naciones.
El mensaje se dio días después de una reunión entre representantes de agencias de seguridad de México y Estados Unidos en la embajada estadounidense, como parte del Grupo Bilateral de Implementación. En el encuentro se revisaron temas como crimen organizado, robo de combustible, seguridad fronteriza, migración irregular y tráfico de armas.
Sin embargo, el anuncio ocurre en medio de los reclamos del gobierno mexicano para que Estados Unidos atienda las solicitudes formales de extradición presentadas por México. El canciller Roberto Velasco Álvarez informó el 19 de mayo que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México envió al menos 269 requerimientos de extradición a Washington. De ellos, 36 fueron rechazados y 233 permanecen pendientes, entre estos, 183 peticiones formales.
Entre los casos reclamados por México se encuentran el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de operaciones con factureras. También se han solicitado entregas relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Aunque las transferencias anunciadas por Johnson y las extradiciones reclamadas por México están relacionadas con personas buscadas por la justicia, no corresponden al mismo procedimiento. La extradición es un proceso legal y diplomático que requiere tratados, pruebas y revisión judicial, por lo que puede tardar meses o años.
En cambio, las transferencias suelen realizarse mediante deportaciones coordinadas. En estos casos, una persona es detenida en Estados Unidos por violaciones migratorias y, si las autoridades detectan una orden de aprehensión vigente en México, se acelera su expulsión para que sea detenida al cruzar la frontera.
Las declaraciones de Johnson también se dan después de que Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, afirmara que la administración Trump mantiene acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder directamente a Carter y reiteró su postura de colaboración con Estados Unidos sin subordinación. Asimismo, pidió a Washington reforzar los decomisos de armas que son enviadas a México.
Con información de Infobae
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