La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un bando con 14 medidas para atender los efectos de la gentrificación en diversas zonas de la capital, las cuales incluyen iniciativas legales, sociales y urbanas enfocadas en regular los precios de alquiler, proteger el arraigo comunitario y frenar la especulación inmobiliaria.
Durante el anuncio, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada indicó que el objetivo principal es transformar el acceso a la vivienda y atender el crecimiento de los precios de renta en zonas céntricas, donde se han registrado incrementos de hasta el 100%.
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Entre las propuestas destacan la creación de instrumentos jurídicos para garantizar que el precio de los alquileres no sobrepase el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la instauración de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, organismo público que brindará acompañamiento, mediación y protección ante prácticas abusivas. También se plantea la presentación de una ley de rentas justas y asequibles que permita estabilizar precios y el fortalecimiento de planes de vivienda pública.
Brugada ha señalado que todas estas medidas estarán precedidas por un debate con agentes sociales, académicos, organizaciones civiles, la iniciativa privada y la ciudadanía en general, con el objetivo de construir una política amplia para frenar la especulación inmobiliaria.
Aunque la exalcaldesa de Iztapalapa no ha utilizado el término “congelamiento de rentas”, su plan ha revivido el debate sobre el control de precios del alquiler, una política que estuvo vigente en México desde 1944 y hasta 2001, cuando fue eliminada por el gobierno federal al considerar que distorsionaba el mercado y desincentivaba la oferta de vivienda en renta. Durante más de medio siglo, miles de inquilinos mantuvieron precios congelados, lo que, aunque benefició a muchos, también provocó el deterioro del parque habitacional y limitó nuevas inversiones.
La propuesta de Brugada busca actuar en zonas como la Roma, Condesa, Centro y Santa María la Ribera, donde el alza de rentas impulsada por la llegada de nómadas digitales y plataformas como Airbnb ha sido más agresiva. Aunque la medida aún no se traduce en reformas concretas, sí ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el control de rentas vuelva a formar parte de la política pública en la capital.
Con información de El Universal
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