La calificadora Moody’s Local México subió la calificación del Estado de Yucatán a AA- desde A+, debido a una mejora sostenida en la liquidez, al fortalecimiento estructural en la recaudación de ingresos propios y buenas prácticas de planeación que han permitido un incremento importante en el gasto de capital sin generar presiones en el perfil crediticio.
Esta acción de calificación se debe a una mejora sostenida en la liquidez y la eliminación del uso de deuda de corto plazo, como resultado de los esfuerzos hechos por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal para lograr una gestión más transparente y eficiente en la planeación de los recursos públicos en favor de una mejor calidad de vida para las familias yucatecas.
Moody’s Local México también destaca que, gracias a la implementación de diversas medidas fiscales, la recaudación del Estado se compara favorablemente con otros estados calificados en AA-y también se reduce la dependencia en las transferencias federales.
Esto se suma a una tendencia al alza en la confianza sobre las finanzas estatales, ya que en 2023 HR Ratings subió la calificación a AA de AA- y mejoró la perspectiva del estado a positiva en marzo 2024. Por su parte, Fitch Ratings anunció en mayo pasado un alza en la calificación a AA- desde A+.
En su comunicado, HR Ratings evaluó los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en niveles Superiores; también señaló que Yucatán supera los estándares de generación de información financiera estipulados en la Ley de Disciplina Financiera. Otro factor que contribuye a la evaluación del factor Gobernanza como Superior es la continuidad de proyectos y políticas públicas.
Fitch Ratings destacó en su análisis que el alza en la calificación refleja un dinamismo favorable en los ingresos locales y crecimiento contenido del gasto. Lo anterior aunado a niveles de liquidez adecuados que permitieron la liquidación de la deuda de corto plazo contratada en el 2020 para hacer frente a la pandemia.
También resaltó las acciones emprendidas por la administración para fortalecer la recaudación local y lograr un crecimiento económico superior al del PIB nacional.
Las revisiones realizadas por las tres calificadoras contemplan la disposición del Financiamiento para la Ampliación del Puerto de Altura por 3,063 millones de pesos y destacan las acciones de inversión pública realizadas por la actual administración, entre las que destacan proyectos como la Modernización Tecnológica Yucatán Seguro, el Sistema de Movilidad Amable y Sostenible, integrado por el Va y Ven y IE-Tram y obras complementarias, así como el programa internet en municipios.
Cabe recordar que Yucatán obtuvo el primer lugar en la evaluación de Hacienda Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) y el 100 de calificación en el Barómetro de información presupuestal del IMCO, lo que reitera la transparencia de las finanzas estatales.
Estos reconocimientos a la gestión financiera de la administración estatal son reflejo de un trabajo disciplinado y estratégico en el ejercicio de los recursos y de las acciones para incentivar el crecimiento económico equitativo en el estado.
Hay que recordar que, al inicio de su gestión como Gobernador, Vila Dosal implementó diversas medidas para cuidar las finanzas estatales. Entre ellas, destaca la implementación del Acuerdo de Austeridad del Gobierno del Estado de Yucatán 2018-2024, en cual se sentaron las bases para alcanzar una política para ser más eficientes, responsables y gastar en lo necesario. Eliminamos el gasto en vehículos de lujo y redujimos el gasto de oficina, entre otras acciones. Esta estrategia ha permitido reducir el gasto administrativo en más de 13 mil millones de pesos en cinco años y redirigirlo a los proyectos que más benefician a la ciudadanía.
Como parte de los ajustes presupuestales que ha impulsado el Gobernador, se evitó un pago de 740 millones de pesos y recuperó el Hospital de Ticul, obra quedó inconclusa desde hace más de 10 años; y se logró reducir la deuda generada por la construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya, con la cual se dejarán de más de 1,500 millones de pesos en 12 años.
Además, se buscó que la estructura administrativa fuera más eficiente. Por lo que mediante una reingeniería administrativa se transfirieron las actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo; se creó la Secretaría de las Mujeres la cual absorbió las funciones del Instituto de la Juventud y se eliminó el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, y sus funciones fueron absorbidas por el Tribunal de Justicia Administrativa; así como la Vicefiscalía anticorrupción y se eliminó el Instituto de Museos e Historia de Yucatán.
