Ayer, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito falló por unanimidad que Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 2 000 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por omisión del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2012. Según el SAT, Elektra declaró supuestas pérdidas derivadas de la venta de acciones de una empresa llamada Beta, la cual nunca tuvo operaciones reales, por lo que no era deducible fiscalmente, situación que el tribunal consideró una disminución artificial de la base gravable .
El litigio se extendió por más de cinco años. Durante el proceso, Elektra presentó diversas maniobras dilatorias, incluyendo cuestionamientos sobre la imparcialidad de los magistrados, argumentando violaciones al debido proceso. Estos recursos fueron desestimados, pues no aportaron elementos nuevos . Aun así, la empresa mantiene la opción de presentar un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos integrantes se renovarán este septiembre .
El monto inicial del crédito fiscal ascendía a 1,603 mdp, pero debido a recargos y actualizaciones aumentó a cerca de 2 000 mdp . Este caso se suma a un conjunto de litigios fiscales de Elektra que, de inicio, supera los 29 805 mdp en valor, sin contar actualizaciones ni sanciones, y se inscribe en una disputa constante con el SAT que va desde 2006 hasta 2014 .
A pesar de las pérdidas reportadas por Elektra en 2024 —alrededor de 11 153 mdp—, la empresa aseguró que ninguna de estas resoluciones afectará significativamente su operación o situación financiera .
En respuesta al fallo, Grupo Salinas emitió un comunicado calificándolo de “ilegal” y con “sesgo político”, denunciando que los magistrados actuaron bajo presiones gubernamentales e ignoraron garantías procesales. Además, anunció que interpondrá un recurso ante la SCJN para invalidar la decisión .
Este veredicto se inscribe en un contexto más amplio de confrontación entre el magnate y el Estado mexicano. La administración federal ha exhibido una campaña persistente de recaudación fiscal contra grandes contribuyentes, y aunque algunos casos ya se resuelven, otros pendientes podrían superar los 63 000 mdp .
Con información de El universal.
AR