Por primera vez en más de un siglo, México discute una reforma constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. La iniciativa fue presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas en octubre de 2022, y desde entonces ha atravesado un largo proceso legislativo.
En 2023, el dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no fue discutido en el pleno debido a retrasos en la programación legislativa. La falta de consenso entre partidos y la presión de sectores empresariales llevaron a la realización de un Parlamento Abierto en octubre y noviembre, donde se recogieron opiniones de trabajadores y empleadores. Las cámaras empresariales expresaron su rechazo o pidieron una implementación gradual por posibles afectaciones económicas.
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El dictamen fue devuelto a la comisión para integrar las conclusiones del Parlamento Abierto. En diciembre, la Junta de Coordinación Política creó una comisión especial para discutir los tiempos y condiciones de implementación, ahora con participación del gobierno federal. Esta nueva comisión tiene como objetivo presentar una reserva de consenso para llevar la reforma al pleno.
Actualmente, se espera que el dictamen sea discutido y votado con modificaciones que permitan su aprobación por mayoría calificada y eventual ratificación en los congresos estatales.
Con información de El Economista
MM