La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a ser dominada por perfiles cercanos al partido Morena. El reciente ejercicio de votación judicial favoreció abrumadoramente a aspirantes afines al oficialismo, incluidos en los llamados “acordeones”, documentos con lineamientos de voto promovidos por el partido en el poder. De los 64 candidatos, nueve perfiles han despuntado con un fuerte sesgo político. Entre ellos, destaca Hugo Aguilar, abogado mixteco, quien encabezó la votación y podría presidir la SCJN, como lo indica la reforma judicial que establece que el más votado ocupará la presidencia durante los primeros dos años.
Hugo Aguilar, originario de Oaxaca, obtuvo 5.9 millones de votos. Es conocido por su defensa de pueblos originarios y propone una justicia con perspectiva colectiva e intercultural. Tiene formación en Derecho Constitucional y ha sido postulado por el Poder Ejecutivo.
Lenia Batres, actual ministra, es abiertamente leal a la llamada Cuarta Transformación. Propuesta por AMLO en 2023, su postura política cercana al oficialismo ha reforzado su popularidad. Acumula más de 5.6 millones de votos.
Yasmín Esquivel, quien ya forma parte de la Corte, ha sido polémica por acusaciones de plagio. A pesar de ello, fue respaldada en la elección y es una figura cercana al expresidente López Obrador.
Loretta Ortiz, con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y derechos humanos, aspiraba a presidir la Corte, pero se ubicó en cuarto lugar. Fue nominada por López Obrador en 2021 y renunció a Morena para mantener su imparcialidad.
María Ríos, abogada laboralista y exconsejera jurídica de AMLO, también figura entre los aspirantes más votados. Es considerada una figura combativa pero moderada, con experiencia en el ámbito sindical.
Giovanni Figueroa, académico respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha planteado una reforma profunda al Poder Judicial, al que acusa de corrupción, nepotismo y desconexión social.
Irving Espinosa, exmagistrado anticorrupción y excolaborador de Sheinbaum, promueve una justicia sin impunidad. A pesar de ser poco conocido, logró captar atención con una fuerte campaña en redes.
Arístides Guerrero, autodenominado “el ministro de las juventudes”, utilizó una estrategia mediática humorística para conectar con votantes jóvenes. Es académico de la UNAM y experto en derecho constitucional.
Sara Herrerías, actual fiscal de derechos humanos, fue acusada de manipular el caso Ayotzinapa con fines electorales. Aunque con experiencia, su gestión ha sido criticada por no avanzar en casos clave de violaciones graves a derechos humanos.
Con información de El País
bvp