El Senado también reforma el art. 123 para la no discriminación de las y los trabajadores.
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Con mayoría de 69 votos a favor, los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.
El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.
Recordó que quienes salen de la cárcel no sólo se encuentran tras el escrutinio público, sino que también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública.
Actualmente, la Constancia de Antecedentes Penales Federales se extiende en los siguientes supuestos:
1. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.
2. Cuando sea solicitada para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.
3. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible.
4. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.
El dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados.
