Con la oposición en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó la contrarreforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de devolver el control público a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La reforma devuelve a la CFE su papel estratégico, permitiendo al Estado manejar la producción, transmisión y comercialización de electricidad y servicios de Internet. Presentada el 5 de febrero, también establece que la participación privada en la industria eléctrica será permitida, pero sin prevalecer sobre la empresa pública, cuya prioridad será garantizar el acceso y la continuidad del servicio.
Además, la reforma cambia la naturaleza jurídica de las “Empresas Productivas del Estado” a “Empresas Públicas del Estado”, lo que, según Morena, permitirá a la CFE competir sin desventajas frente a empresas privadas.
Sin embargo, analistas advierten que, aunque permite la participación privada, la reforma no brinda seguridad a las inversiones y podría poner en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y las finanzas públicas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que eliminar el mandato de generar valor económico podría llevar a que Pemex y CFE operen con pérdidas, afectando la hacienda pública.
Con información de El Economista
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