Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los «superdelegados» acumularon 209 denuncias por diversas irregularidades, desde el uso indebido de programas sociales y nepotismo hasta abuso de funciones y presunto uso electoral de la estructura de gobierno. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la mayoría de estas denuncias no ameritaban sanciones, y archivó 181 expedientes por falta de evidencia para confirmar faltas administrativas.
La información fue obtenida a través de la ley de transparencia y detalla que, además de los casos archivados, la SFP declaró que 11 expedientes quedaban fuera de su competencia, mientras que otros 16 continuaban en investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar.
El único caso en el que la SFP encontró mérito para aplicar una sanción fue contra un delegado federal en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora, pero este caso ocurrió antes de la actual administración, durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
En los 32 estados del país se presentaron denuncias contra superdelegados, con Aguascalientes encabezando la lista con 17 quejas entre 2019 y 2022. En este periodo, los delegados Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Nora Ruvalcaba Gámez y Silvia Licón Dávila estuvieron al frente de la delegación en ese estado, aunque Licón Dávila aseguró que nunca recibió notificación de alguna denuncia en su contra.
Entre las acusaciones se incluyeron desvío de recursos públicos, abuso de autoridad, condicionamiento de inscripciones a programas sociales, conflicto de interés y enriquecimiento oculto. Sin embargo, el gobierno clasificó como reservados los nombres de los delegados investigados, argumentando que divulgarlos podría afectar su imagen y derecho a la intimidad, una decisión respaldada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además de las quejas ciudadanas, hubo denuncias desde dentro de las mismas dependencias, con empleados de Bienestar y servidores de la nación reportando irregularidades. Un caso en Guanajuato detalla que un superdelegado habría pactado un apoyo económico mensual con una empleada a cambio de que realizara campaña en favor de la Cuarta Transformación, aunque el apoyo nunca llegó y la trabajadora no fue reinstalada.
El estado de Puebla también registró múltiples denuncias durante la gestión de Rodrigo Abdalá Dartigues y Vida Inés Vargas Cuanalo, quienes enfrentaron señalamientos de enriquecimiento oculto y abuso de autoridad. Incluso, en 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa acusó a Abdalá Dartigues de utilizar la estructura de Bienestar para influir en procesos electorales de Morena.
En Colima, la entonces delegada y actual gobernadora, Indira Vizcaíno, también fue denunciada por presunta malversación de fondos y manipulación del padrón de beneficiarios con fines partidistas. A pesar de las acusaciones, en marzo de 2023, el OIC concluyó y archivó el caso por falta de pruebas.
A lo largo de la administración, la Secretaría de la Función Pública mantuvo investigaciones sobre estos delegados estatales y sus actividades. Sin embargo, la gran mayoría de los casos concluyeron sin sanción, ya sea por falta de pruebas, competencias limitadas de la SFP o por resoluciones que favorecían el archivo de las denuncias.
Con información de El Universal
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