Tras un debate que se extendió por siete horas, el Senado aprobó en un procedimiento acelerado la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría oficialista respaldó la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin realizar cambios y sin enviarla a comisiones, lo que permitió un trámite directo. Con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, y 82 a favor y 34 en contra en lo particular, el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.
El procedimiento fast track inició cuando la Junta de Coordinación Política impulsó que la minuta fuera enviada directamente al Pleno. Desde su llegada proveniente de San Lázaro, el proyecto se sometió de inmediato a discusión y votación. Los senadores avalaron declararlo de urgente resolución, lo que abrió la puerta a su deliberación sin pasar por los mecanismos ordinarios.
La reforma plantea una modificación profunda al régimen actual de concesiones y herencias del agua. Entre los cambios más relevantes está la eliminación de la transmisión directa entre particulares, pues cualquier venta, sucesión o fusión deberá ser autorizada por la Autoridad del Agua, que emitirá un nuevo título bajo las mismas condiciones. Además, se crea un mecanismo de reasignación exprés que permite otorgar títulos en un máximo de 20 días hábiles, sin necesidad de revisar la disponibilidad de las cuencas, un punto que ha generado críticas por posibles riesgos de discrecionalidad.
El dictamen también vincula de manera más estricta la tierra con el agua, obligando a emitir un nuevo título cada vez que un predio relacionado con una concesión cambie de propietario, incluso si se encuentra en una zona sobreexplotada. En materia de sanciones, introduce nuevos delitos por extracción ilegal y endurece las penas a funcionarios que participen en actos de corrupción relacionados con concesiones, con castigos que pueden llegar a 14 años de prisión.
Por otro lado, se crea un fondo de reserva que concentrará los volúmenes recuperados de concesiones extinguidas. Estos no se contabilizarán como disponibilidad común y sólo podrán utilizarse para reasignaciones futuras, a la espera de una reglamentación específica.
Durante la sesión, el PAN presentó una moción suspensiva que fue rechazada. Ricardo Anaya acusó a la mayoría oficialista de querer “controlar el agua” y señaló incongruencias en los señalamientos contra legisladores panistas. En respuesta, Adán Augusto López defendió la reforma como parte de los compromisos legislativos del bloque mayoritario y acusó que la oposición busca frenar avances por intereses políticos.
Las posturas de los grupos parlamentarios se mantuvieron polarizadas. Desde el PRI se señaló que la ley centraliza el control del agua, carece de consulta indígena y afecta la autonomía del campo. El PVEM defendió que la reforma protege a los pequeños productores y enfrenta a los “caciques del agua”. Movimiento Ciudadano advirtió que la propuesta abre espacios a la discrecionalidad y a la corrupción. Morena sostuvo que la reforma ordena el uso del recurso y garantiza el derecho humano al agua.
La sesión también estuvo marcada por ajustes en los horarios y recesos para esperar la llegada de la minuta desde Diputados. Finalmente, tras retomarse la sesión por la tarde, se realizó la discusión y votación que avaló la reforma.
Horas antes, Adán Augusto López había anticipado que propondría el trámite directo, argumentando que la Cámara de Diputados realizó un trabajo exhaustivo con consultas y foros previos. También señaló que aún existen intereses que buscan frenar la reforma, entre ellos actores acusados de acaparar agua y promover presiones políticas.
Con información de Animal Político
bvp
