El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, revocó las visas de más de 50 funcionarios mexicanos, incluidos miembros del partido en el poder, como parte de su estrategia diplomática y legal en la guerra contra el narcotráfico.
Las cancelaciones han cimbrado a la clase política mexicana, pues no solo implican una sanción simbólica, sino que afectan viajes oficiales, entrevistas internacionales e intercambios diplomáticos. Diplomáticos consultados comentan que nunca antes una medida de esta magnitud se había aplicado como herramienta central en la presión bilateral.
Una de las afectadas es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó vínculos con organizaciones criminales. En el comunicado oficial, el Departamento de Estado dijo que revocar visas es una prerrogativa legítima si acciones de un individuo se consideran contradictorias con los intereses nacionales de los EE. UU.
La medida podría complicar la cooperación bilateral en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas contra cárteles, además de generar tensiones diplomáticas. México ha manifestado su inconformidad y demanda claridad sobre los criterios usados.
Con información de Aristegui Noticias.
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